De Bellagio a la ReLeG: una historia que nos une en la lucha contra la violencia sexual y de género
El proceso de organizar una red de litigio estratégico en materia de violencia de género en América Latina comenzó con nuestro interés de explorar cómo las jurisdicciones nacionales habían tratado las denuncias sobre violación y otras formas de violencia sexual en varios países de la región que habían enfrentado situaciones de violencia generalizada o de conflicto. Éramos conscientes de los avances que se habían hecho en la jurisdicción internacional, especialmente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, mediante la resolución de casos paradigmáticos y la elaboración de estándares de interpretación sobre la prohibición de la tortura y la violencia de género, y en los tribunales penales internacionales, donde actos de violencia sexual fueron reconocidos como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad e incluso actos de genocidio. Sin embargo, fuera de la información anecdótica que teníamos por nuestr@s colegas de la región respecto de esfuerzos por judicializar casos de esta naturaleza, no se había adelantado ningún proyecto para compilar información sobre el estado de éstos o para determinar los obstáculos que habían enfrentado o que todavía enfrentan las organizaciones que representan a las víctimas para obtener justicia y reparaciones. Por otro lado, como la realidad también habla por sí misma, sabíamos que, con pocas excepciones, la mayoría de los casos emblemáticos de violencia sexual en la región todavía permanecían en etapa de investigación o no se habían judicializado y sus perpetradores gozaban de impunidad.
Dada la ausencia de información sobre los esfuerzos nacionales, organizamos una primera reunión en marzo de 2017 en el Centro Rockefeller en Bellagio, Italia, financiada por la Fundación Rockefeller. En esa reunión participaron coleg@s de seis jurisdicciones: Argentina, Colombia, Chile, Guatemala, México y Perú. La selección de estas jurisdicciones fue motivada por el conocimiento que teníamos de circunstancias específicas que habían ocurrido en estos países y por las relaciones que a lo largo de nuestros años profesionales habíamos construido con organizaciones que adelantaban litigios en la materia, pero no por el desconocimiento de que casos de similar naturaleza en contextos de violencia política habían ocurrido en todos los países de la región. La reunión fue central para conocer los esfuerzos que se habían adelantado en las jurisdicciones de los países seleccionados e identificar los obstáculos y mejores prácticas que podrían compartirse entre quienes desde distintos lugares estaban trabajando para erradicar la violencia sexual que ha caracterizado a los conflictos y otras situaciones de violencia generalizada y represión en América Latina. Quizás una de las grandes sorpresas fue confirmar que, a pesar de todas las dificultades que enfrentan quienes representan a las víctimas de violencia sexual en nuestra región, se había avanzado y, sobre todo, se había aprendido mucho. En particular, resultó claro que, por el esfuerzo y la creatividad de organizaciones de sociedad civil, activistas, jueces y juezas, fiscales, y otr@s funcionari@s claves de los gobiernos nacionales en América Latina, existe una viabilidad cierta de avanzar en lograr justicia en estos casos.
Como resultado de la reunión, se creó una red de expert@s que ha servido como una plataforma de intercambio para cooperar en el litigio estratégico de casos, promover la igualdad de género, concientizar sobre la necesidad de reclamar paridad de género y luchar contra la impunidad. Durante los próximos tres años, se concretaron una serie de pasos importantes. Casos emblemáticos como el caso Sepur Zarco en Guatemala, por ejemplo, comenzaron a cambiar la narrativa sobre el uso y el papel de la violencia sexual durante el conflicto armado en ciertos países. Por nuestra parte, desde la Universidad, empezamos a apoyar estos procesos judiciales a nivel doméstico. Además de presentar una serie de amicus curiae en el caso Sepur Zarco –acerca de la evolución de la jurisprudencia internacional sobre violencia sexual y reparaciones– elaboramos un amicus curiae para que el tribunal nacional investigara la violencia sexual como un delito independiente en el Caso de la Masacre de El Mozote en El Salvador, y para que se mantuviera el proceso penal abierto en el Caso de las Esterilizaciones Forzadas en Perú. También elaboramos un peritaje ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalando la obligación de los Estados de investigar la responsabilidad de personas en posición de mando o autoridad en casos de tortura sexual en el Caso de Mujeres Víctima de Tortura Sexual en Atenco. L@s otr@s miembr@s de la red desde sus lugares continuaron realizando un trabajo extraordinario litigando casos a nivel interno e internacional, investigándolos como fiscales, actuando como perit@s expert@s, enseñando o diseñando e implementando políticas públicas desde el Estado.
Al mismo tiempo, vimos que much@s de nuestr@s coleg@s continuaban enfrentando una serie de obstáculos en la investigación, acusación y enjuiciamiento de estos delitos. Estos desafíos incluyen, entre otros, los estereotipos y conceptos erróneos sobre la violencia sexual y de género que continúan persistiendo a lo largo de las distintas fases de los procedimientos criminales, en particular la idea de que los actos de violencia sexual son aislados y desconectados de otras formas de violencia que se han perpetrado contra determinadas comunidades. Este fenómeno se reflejó, por ejemplo, en el Caso Manta y Vilca en Perú y en el Caso de Violencia Sexual Maya Achí donde los operadores judiciales expusieron a las denunciantes a situaciones de revictimización mientras brindaban sus testimonios, cuestionando la veracidad de sus declaraciones o aceptando como testigos a miembros de las fuerzas armadas para que declararan sobre su reputación moral. Aunque en ambos casos l@s representantes legales de las víctimas pudieron recusar a los jueces por falta de imparcialidad, esta situación generó una demora adicional en el trámite de los casos y afectó la confianza de las denunciantes en el proceso judicial.
En octubre de 2020, nos juntamos con colegas de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH) y del Grotius Centre for International Legal Studies de Leiden University para organizar la primera Mesa de Discusión Virtual sobre Litigio Estratégico en Materia de Violencia de Género, donde promovimos el intercambio de experiencias, desafíos y lecciones aprendidas entre pares de América Latina y discutimos la necesidad de formalizar la red existente de litigantes, operadores de justicia, académic@s y activistas de la región, creando en consecuencia la Red Latinoamericana de Litigio Estratégico en Género (ReLeG). A nuestro esfuerzo original se sumaron Daniela Kravetz y Dalila Seoane, como parte de la coordinación de la red, para darle forma y contenido a este nuevo proyecto, y comenzamos a trabajar en la construcción de este sitio web. Esperamos que este sitio web nos permita seguir avanzando en las áreas de trabajo de ReLeG.
Las discusiones que hemos tenido con nuestr@s colegas y miembr@s de ReLeG han llevado a una serie de observaciones y conclusiones. Entre ellas, hemos observado que estos casos muchas veces requieren no solo de la lucha y perseverancia por parte de l@s fiscales y representantes de las víctimas, sino también de los recursos legales adicionales y de apoyo, sea de la sociedad civil o acompañamiento externo y/o apoyo internacional. Asimismo, estos intercambios demostraron la importancia de reflexionar sobre nuestras propias estrategias, con el fin de evaluar si debemos mejorarlas y como podemos replicar las experiencias positivas de litigio. Por ejemplo, observamos que en uno de los casos, hubo una evolución de la estrategia de litigio desde la caracterización de la anticoncepción forzada y el aborto forzado como violencia sexual (por razones estratégicas, ya que la violencia sexual estaba más desarrollada en la jurisprudencia nacional e internacional que la violencia reproductiva), hasta la caracterización de dicha conducta como un delito independiente de la violencia reproductiva para enfatizar más claramente la violación de la autonomía reproductiva de las víctimas.
A pesar de los esfuerzos de ReLeG y de quienes la componen, todavía queda mucho por hacer en América Latina para que los crímenes de violencia sexual y de género sean enjuiciados y reconocidos como delitos autónomos, o más aún que estas prácticas de violencia de género sean erradicadas. Somos conscientes que la impunidad del pasado tiene una relación directa con la violencia del presente que se reproduce de otras maneras y por los mismos o nuevos actores, sea a través de la represión en situaciones de protesta, por razones políticas o motivadas por la lucha contra la extracción de recursos naturales, en contextos carcelarios, de detenciones masivas o de migración. Creemos que lograr justicia en los casos de violencia sexual y de género del pasado es esencial para construir una cultura de respeto de la igualdad de género y para eliminar estereotipos que han condicionado el ejercicio del derecho a una vida digna de l@s afect@dos en la región. Cambiar el derecho, las prácticas judiciales y la cultura patriarcal que rodea la investigación y sanción de los crímenes de violencia sexual y de género es todavía el desafío central. También es esencial que nuestra ReLeG incorpore a más participantes de otros países de la región en los debates, así como que nuestro trabajo considere nuevas formas de violencia sexual y de género de modo de articular una visión más completa de este fenómeno en América Latina.
Esperamos que las reuniones que hemos tenido y las iniciativas que hemos lanzado sean el principio y la base de una discusión más amplia que nos permita identificar, a partir de la experiencia, cómo consolidar los avances logrados y evitar las regresiones. No hay duda de que mediante la interacción entre las jurisdicciones internacionales y domésticas hemos avanzado en redefinir el alcance de la noción de violencia de género, hemos demostrado que la evaluación de la prueba debe ajustarse a parámetros que pongan a la declaración de la víctima en el centro y en el marco del contexto en el cual los hechos sucedieron, y hemos articulado una noción de reparaciones que ataca las discriminaciones estructurales que se encuentran en la base de la violencia de género. Al mismo tiempo no podemos dejar de reconocer que existen regresiones importantes en la región, sobre todo en materia de derechos sexuales y reproductivos. Por ello estamos convencidas que el trabajo en coalición que iniciamos en Bellagio y se continuará con la ReLeG nos permitirá trabajar más efectivamente para mejorar los procedimientos, las leyes y nuestra capacidad de persuadir a las autoridades judiciales sobre la importancia de juzgar y condenar actos de violencia sexual y de género en nuestra región como una medida de no repetición de estos hechos en el futuro. ¡Contamos con la vocación, el compromiso y la dedicación de l@s miembr@s de ReLeG para lograrlo!
*Susana SáCouto es la Directora de la Oficina de Investigación de Crímenes de Guerra de American University. Claudia Martin es la Co-Directora de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de American University. Ambas son coordinadoras de ReLeG.
**Las opiniones expresadas en el presente blog son responsabilidad exclusiva de su(s) autor@(s) y no representan necesariamente los puntos de vista de tod@s l@s integrantes de ReLeG.